Protección Legal contra Cancelaciones Arbitrarias del Certificado de Sello Digital.
La restricción o cancelación de los Certificados de Sellos Digitales (CSD) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una medida implementada para combatir la emisión irregular de facturas. Sin embargo, su aplicación debe ser estrictamente legal y proporcional. Un problema recurrente es la sanción a contribuyentes debido a errores o incumplimientos de terceros, como la falta de entero de impuestos retenidos por un empleador.
El Principio de Tipicidad y su Aplicación
El principio de tipicidad establece que una sanción solo puede imponerse cuando la infracción es directamente imputable al contribuyente sancionado. Esto plantea la interrogante: ¿puede el SAT castigar a un contribuyente que reportó correctamente las retenciones en sus declaraciones si un tercero, obligado a enterarlas, no lo hizo?
Resolución del TFJA sobre Cancelación Injusta del CSD
Ante esta problemática, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha emitido una resolución clave. En un caso donde el SAT canceló el CSD de un contribuyente argumentando que su empleador no enteró las retenciones de sueldos y salarios, el TFJA determinó que esta acción era incorrecta.
La resolución se basó en el artículo 17-H bis, fracción VII del Código Fiscal de la Federación, que establece como causa de restricción del CSD la incongruencia entre el impuesto retenido declarado por el contribuyente y los ingresos o actos señalados en los comprobantes fiscales.
Derechos del Contribuyente y Seguridad Jurídica
En este caso, el contribuyente demostró que la retención declarada en su anual coincidía con lo reportado en sus CFDI de nómina. La Sala enfatizó que la obligación de enterar las retenciones recae en el empleador, no en el empleado. Por lo tanto, sancionar al contribuyente por una falta ajena vulnera los principios de fundamentación, motivación y tipicidad.
Conclusión
La resolución del TFJA subraya que las sanciones deben basarse en la conducta del propio contribuyente, protegiendo así la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la actuación de la autoridad fiscal. Este precedente es fundamental para la defensa de los contribuyentes afectados injustamente por errores de terceros.