Su uso y desuso para acreditar la representación en el juicio administrativo federal.
La representación legal es un concepto fundamental en el ámbito jurídico. Según la teoría clásica de la representación, las personas con suficiente capacidad pueden celebrar actos jurídicos no solo por su propio derecho, sino también a través de una persona que actúe en su nombre y representación.
En el contexto de los procedimientos judiciales, esta dinámica no cambia. Las partes interesadas tienen la facultad de actuar en el proceso a través de un representante. Para las personas físicas, esta representación es opcional, pero para las personas jurídicas (entidades con personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes), es obligatoria.
En el ámbito del juicio contencioso administrativo federal, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la representación en el juicio puede acreditarse de dos formas principales:
1. Escritura Pública: Los particulares pueden otorgar poderes notariales o cartas poder firmadas ante dos testigos. Las firmas del otorgante y los testigos deben ratificarse ante notario o secretarios del Tribunal. Esta es la forma más común de acreditar la representación.
2. Resolución Judicial: En casos específicos, como menores de edad, incapaces, sucesiones o ausentes, la representación se acredita mediante una resolución judicial.
En resumen, la representación legal es crucial para garantizar que los interesados puedan participar en los procedimientos judiciales de manera efectiva y proteger sus derechos.